Inseguridad alimentaria en España y el hambre que no se ve

Hay algo profundamente incómodo en hablar de inseguridad alimentaria en un país que presume de tener una de las dietas más admiradas del mundo. La paradoja mediterránea: exportamos recetas, ganamos premios gastronómicos, lideramos rankings de longevidad, y al mismo tiempo más de 6,2 millones de personas en España no tienen acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Este dato lo recoge el II Informe Ecosocial sobre la Calidad de Vida en España, elaborado por Fuhem. 

El 13,3% de los hogares españoles experimenta alguna forma de inseguridad alimentaria, según la definición que maneja Naciones Unidas. No se trata únicamente de pasar hambre en el sentido más dramático del término, sino de la incapacidad estructural de acceder de manera estable a una alimentación adecuada. Es una privación que no siempre se ve, que no sale en las fotos, que coexiste perfectamente con un carrito de supermercado lleno de productos baratos y con una mesa servida a diario. Comer no es lo mismo que nutrirse, y nutrirse no es lo mismo que tener seguridad alimentaria.

La situación se produce en un contexto en el que al menos un tercio de la población española no sigue pautas alimentarias saludables, pese a la fuerte tradición cultural asociada a la dieta mediterránea. Esa distancia entre el ideal cultural y la práctica cotidiana tiene una explicación que va más allá de la pereza o la ignorancia individual: tiene que ver con el precio, con el tiempo, con la estructura del mercado y con un modelo productivo que lleva décadas concentrando poder en menos manos. En las últimas tres décadas, el sector agrario español ha perdido casi el 50% de sus ocupados, mientras que el 40% de los titulares de explotaciones supera los 65 años, con el consiguiente problema de relevo generacional. La comida barata tiene un coste que alguien paga: generalmente, quienes la producen.

El informe de Fuhem señala también algo que debería provocar más debate del que causa: en los alimentos vendidos en España se han detectado más de 100 pesticidas, de los cuales 59 son disruptores hormonales y 32 no están autorizados en la Unión Europea. Que esos productos circulen en los lineales mientras la política alimentaria concentra su energía regulatoria en otros frentes revela una cierta jerarquía de prioridades que cuesta defender.

Aquí es donde el debate sobre el etiquetado alimentario se vuelve crucial. El Nutri-Score, uno de los más conocidos y presentado durante años como una solución para orientar al consumidor, reproduce exactamente el mismo error que cualquier política que pretenda simplificar lo que es complejo: convierte una realidad heterogénea en una letra de colores. Dentro de una misma categoría de producto, una versión reformulada puede lucir mejor calificación que su equivalente tradicional, elaborado con menos ingredientes y sin ingeniería de composición. Es por esta razón que expertos y representantes políticos como es el caso del Ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se han opuesto firmemente al NutriScore al considerar que este sistema no refleja la calidad nutricional de la dieta mediterránea y que por ende, no orienta correctamente a los consumidores. Esto es aún más grave en el contexto actual de pérdida de adhesión a la dieta mediterránea en España. 

Además, este sistema premia la optimización de métricas, no la calidad nutricional real del alimento. Esto es especialmente relevante para las familias con un presupuesto ajustado que deben tomar decisiones de compra rápidas frente a los estantes del supermercado. Una etiqueta que crea confusión no puede ser considerada una herramienta de salud pública.

La ineficacia del Nutri-Score se hace evidente cuando consideramos su interacción con la dimensión social del problema. España se sitúa como el tercer país europeo con mayor prevalencia de sobrepeso y el cuarto en obesidad, y en la población infantil, la tasa de obesidad alcanza el 29%, el doble de la media europea. Estos datos no se distribuyen de manera homogénea entre la población: se concentran en áreas donde hay menos renta, menos tiempo, menos acceso a información de calidad y más exposición a entornos alimentarios adversos. La obesidad infantil no es solo un problema de educación nutricional que se puede resolver con campañas de concienciación; es un problema de condiciones materiales de vida.

Las desigualdades sociales influyen directamente en los hábitos alimentarios, y el informe lo documenta con precisión. También señala que persiste una desigualdad de género significativa en las tareas relacionadas con la alimentación, la compra, la planificación y la preparación, lo que añade una dimensión que el debate público sobre salud alimentaria suele ignorar. Quien carga con el trabajo invisible de alimentar a una familia con presupuesto ajustado sabe perfectamente que el problema no es la falta de información nutricional: es la falta de margen.

La respuesta política a todo esto tiene que ser acorde a esa complejidad. Añadir capas de sistemas de clasificación que simplifican lo que no es simple, o concentrar la atención regulatoria en la forma en que se presenta la información en el envase, no mejora el acceso a una alimentación adecuada para quienes no llegan a fin de mes. Es fundamental reconocer que el sistema alimentario español tiene un problema serio que necesita ser abordado desde múltiples frentes.

Nombrarlo con precisión, sin simplificaciones cómodas, es el primer paso para abordarlo de verdad. La lucha contra la inseguridad alimentaria debe incluir un enfoque integral que contemple no solo la disponibilidad de alimentos, sino también su accesibilidad, calidad y la educación necesaria para hacer elecciones informadas. Solo así podremos aspirar a un futuro en el que la alimentación adecuada y nutritiva no sea un privilegio, sino un derecho universal.